EL PRECIO DE LA JUSTICIA: ERRORES JUDICIALES
La justicia, tanto en sentido figurado como en el literal, ha sido tanto amada como criticada, tanto alabada como despreciada, tanto necesaria como demasiado paternalista.
Es cierto, la justicia no es perfecta. Pero... ¿acaso alguien lo es?
Todos los pequeños o grandes errores cometidos por los Magistrados tienen inmediato eco en periódicos y espacios televisivos. Vamos a conocer algunos de ellos.
Estados Unidos
Según la organización Witness to Innocence, uno de cada nueve condenados a muerte en este país fue posteriormente declarado inocente. Después de recuperar su libertad cada uno de ellos había pasado por término medio diez años de estancia en prisión. La mayoría de los errores, de acuerdo con la misma fuente, se producen por una mala representación legal, los prejuicios raciales, malas prácticas de los fiscales y por diferentes errores cometidos durante la instrucción de los casos.
Al ahondar en los exonerados que se mencionan en la página web de la organización Witness to Innocence, encontramos a Debra Milke, quien pasó 22 años en el corredor de la muerte, condenada por conspirar con otros dos hombres para matar a su hijo supuestamente por un pago de seguro. Esto hace que Milke sea la segunda mujer exonerada del corredor de la muerte en los Estados Unidos.
La clave para el despido del caso fue la mala conducta del fiscal, principalmente la de un detective, Armando Saldate, quien dijo que Milke le confesó el crimen, aunque no había testigos ni grabaciones. Los fiscales retuvieron del expediente del personal del jurado Saldate, que mostró casos de mala conducta en otros casos, incluido mentir bajo juramento.
Un día después de ver a Santa Claus en un centro comercial el 1 de diciembre de 1989, el joven Christopher Milke le preguntó a su madre si podía ir otra vez. El compañero de Milke, James Styers, se llevó al niño; luego llamó a Milke diciendo que Christopher había desaparecido.
En cambio, Styers y un amigo sacaron al niño de la ciudad a un barranco apartado donde Styers le disparó a Christopher tres veces en la cabeza, dijeron los fiscales. Styers y el amigo fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte.
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| Debra Milke |
La clave para el despido del caso fue la mala conducta del fiscal, principalmente la de un detective, Armando Saldate, quien dijo que Milke le confesó el crimen, aunque no había testigos ni grabaciones. Los fiscales retuvieron del expediente del personal del jurado Saldate, que mostró casos de mala conducta en otros casos, incluido mentir bajo juramento.
Un día después de ver a Santa Claus en un centro comercial el 1 de diciembre de 1989, el joven Christopher Milke le preguntó a su madre si podía ir otra vez. El compañero de Milke, James Styers, se llevó al niño; luego llamó a Milke diciendo que Christopher había desaparecido.
En cambio, Styers y un amigo sacaron al niño de la ciudad a un barranco apartado donde Styers le disparó a Christopher tres veces en la cabeza, dijeron los fiscales. Styers y el amigo fueron condenados por asesinato y sentenciados a muerte.
Milke fue implicada en base al presunto testimonio del amigo de Styer, Roger Scott. El detective, Saldate, dijo que Scott le dijo que Milke estaba involucrado en un plan para matar a su hijo. Y durante el juicio, los fiscales publicaron un motivo probable: una póliza de seguro de vida de $ 5,000 que ella le había quitado al niño. Pero ni Scott ni Styers dieron testimonio de un complot en la corte.
Ningún otro testigo o evidencia directa relacionó a Milke con el crimen más allá del testimonio de Saldate.
Así, la Corte Suprema de Arizona retiró todos los cargos contra Milke finalmente en marzo de 2015. La pulsera de tobillo que llevaba puesta en libertad bajo fianza fue eliminada. Y Milke salió de la sala de la corte, sollozando aliviada. El caso ahora está cerrado. Debra Milke es finalmente una mujer libre.
El caso de James Richardson es uno de los peores errores del sistema judicial de EEUU, pues se le condenó por el homicidio de sus siete hijos con pruebas falsas. Después de pasar más de dos décadas en prisión sería compensado econonómicamente en 2014 por el Estado de Florida, el cual le desembolsó más de un millón de dólares.
James Richardson había sido condenado por el presunto asesinato de sus siete hijos en 1967, quienes fueron hallados envenenados. El sujeto, de raza negra, fue sentenciado en un polémico proceso con un jurado integrado solo por blancos. En 1989 fue puesto en libertad (después de 21 años) tras comprobarse que los testigos habían sido obligados a atestiguar en contra de Richardson. Asimismo, la entonces niñera, que ahora sufre de Alzheimer, confesó haber envenenado a los niños.
James Richardson había sido condenado por el presunto asesinato de sus siete hijos en 1967, quienes fueron hallados envenenados. El sujeto, de raza negra, fue sentenciado en un polémico proceso con un jurado integrado solo por blancos. En 1989 fue puesto en libertad (después de 21 años) tras comprobarse que los testigos habían sido obligados a atestiguar en contra de Richardson. Asimismo, la entonces niñera, que ahora sufre de Alzheimer, confesó haber envenenado a los niños.
El Congreso en Tallahassee cambió un proyecto de ley que hasta el 2014 impedía que Richardson percibiera una indemnización. Según las leyes en Florida, un preso debía demostrar su inocencia para ser compensado económicamente. Sin embargo, en el caso de Richardson era tarea imposible debido a que habían transcurrido muchos años. Su caso había atraído la atención más allá de Estados Unidos. El Estado de Florida pagó a Richardson, de 78 años y de salud muy frágil, 50 mil dólares por cada año de prisión.
En la página web de la organización Innocence Project se recoge la historia de James Bain, quien pasó más tiempo en prisión por un crimen que no cometió que cualquier otro estadounidense exonerado a través de pruebas de ADN. En 1974, a la edad de 19 años, Bain fue declarado culpable de violación y secuestro. Fue exonerado en 2009, a la edad de 54 años.
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| James Bain |
La víctima dijo a la policía que su agresor parecía tener 17 o 18 años, bigote y patillas espesas. Según la víctima, el hombre había dicho que su nombre era "Jim" o "Jimmy". El tío de la víctima pensó que esta descripción se parecía mucho a Jimmy Bain. La policía mostró a la víctima cinco o seis fotografías de sospechosos potenciales y eligió la de Bain. Sin embargo, de las fotografías en la alineación, solo Bain y otro hombre tenían patillas.
La policía interrogó a Bain en su casa alrededor de la medianoche del 5 de marzo de 1974. Bain afirmó que había estado en casa viendo la televisión en el momento del ataque, una coartada que fue apoyada por la hermana de Bain. Sin embargo, la policía lo arrestó.
Según el análisis del FBI presentado en el juicio, el violador dejó el semen en la ropa interior de la víctima. El ensayo ocurrió, sin embargo, antes de que las pruebas de ADN estuvieran disponibles, por lo que Bain no podía estar definitivamente vinculado al semen. Un analista del FBI testificó que el semen en la ropa interior (de tres manchas separadas) pertenecía al grupo sanguíneo B. Bain era un secretor AB, lo que debería haberlo excluido. En cambio, el analista afirmó que el grupo sanguíneo de Bain tenía una A débil y por lo tanto no podía ser excluido de haber depositado el semen. Esto no fue respaldado por las pruebas, cuando un experto para la defensa testificó que el grupo de Bain en realidad tenía una A fuerte y, por lo tanto, podría ser definitivamente excluido.
A pesar de esta evidencia serológica en conflicto y la coartada de Bain, fue declarado culpable de violación, secuestro y robo y sentenciado a cadena perpetua. El caso de la fiscalía se basó en gran medida en la identificación de la víctima de Bain en la alineación de la foto.
Un estatuto de Florida de 2001 permitió reabrir ciertos casos para las pruebas de ADN. Al escuchar esto, Bain presentó cuatro movimientos escritos a mano para la prueba de ADN en su caso para ser probado. En total, el caso se presentó ante el tribunal cinco veces y se le denegó las cinco veces.
Con la ayuda del Proyecto de Inocencia de Florida y el Defensor Público del Décimo Circuito Judicial Bob Young, Bain finalmente obtuvo acceso a pruebas de ADN posteriores a la condena. El estado envió el ADN encontrado en la ropa interior de la víctima al Centro de diagnóstico de ADN. Estas pruebas excluyeron a Bain como la fuente del ADN.
Bain recibió $ 1.7 millones del estado de Florida por su condena injusta: $ 50,000 por cada año que pasó en prisión. Su madre también puso su casa y su automóvil a nombre de su hijo, y dijo: "Quiero que él tenga algo por sí mismo. Ha sufrido lo suficiente".
Bain es un defensor líder del movimiento de inocencia, compartiendo su experiencia de convicción errónea desde escuelas intermedias hasta universidades en todo el país. Durante un evento en Florida Southern College, un estudiante le preguntó qué pensaba sobre toda la tecnología que ha visto desde su lanzamiento. Bain dijo que los autos y los teléfonos eran lo más sorprendente para él. A pesar de que hubo autos antes de ser encarcelado, explicó que no hubo "ninguno que me respondiera". Actualmente está casado, tiene un hijo pequeño y está escribiendo un libro.
España
Uno de los momentos más amargos que recuerda Jesús Arteaga, de 55 años, sucedió cuando su cuñado, guardia civil, fue a visitarle a la cárcel. Habían pasado unos días desde que el juez de violencia de género de Jaén le había decretado prisión por el asesinato de su esposa, Antonia González, de 46. Ambos eran muy conocidos en la ciudad: él, un alto funcionario de la Universidad; y ella trabajaba como enfermera en los quirófanos del principal hospital jiennense. Quienes levantaron el cadáver, colgando la cabeza hacia el suelo a un lado de la cama, boca abajo y con una jeringuilla pinchada en un brazo y otra sobre la mesita de noche cargada con una dosis de anestesia, creyeron estar ante un suicidio. Pero 24 días después, Jesús acabó en la cárcel. "Felipe, mírame a los ojos, ¿tú crees que yo he podido matar a mi mujer, con lo que yo la quería...", evoca Jesús que comentó a su cuñado desde el otro lado de las rejas.
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| Jesús Arteaga |
Fue lo que entonces se llamó el crimen de la enfermera, por el que Jesús permaneció nueve meses en prisión bajo el cargo de asesinato de su esposa. Un jurado popular de la Audiencia de Jaén le absolvió del crimen dos años después, en mayo de 2014, y ahora Jesús reclama al Estado medio millón de los euros "por los daños morales" que le supuso su cautiverio. El juez de violencia machista le liberó a los nueve meses al ver contradicciones y anomalías en los informes forenses oficiales.
El juez instructor y el fiscal entendieron, basándose en los primeros informes oficiales forenses, muy cuestionados en el juicio, que Jesús la había golpeado y luego asfixiado posiblemente con la almohada. Aparentemente, tenía un móvil, una infidelidad de ella y el hartazgo de Jesús con la costumbre que había adquirido su esposa de inyectarse propofol, un anestésico leve que sacaba del hospital y que algunas veces se inoculaba “para evadirse".
La tarde o tarde/noche (la hora de la muerte fue crucial en el desarrollo de la investigación) en que murió Antonia, Jesús se marchó de casa enfadado tras notarle el habla "pastosa" (otra vez se había inyectado anestésico). Se fue a casa de un colega de la universidad que vivía solo y tenía camas de sobra. Al día siguiente, entrada la tarde, se dio una vuelta por la zona y le extrañó no ver luz en la ventana de casa. “Subí preocupado a ver qué ocurría. La primera vez que entré en el dormitorio, no la vi, y es que el cuerpo estaba volcado hacia el suelo y no se veía la cabeza… Intenté reanimarla y llamé al 112”.
Días después del entierro, empezó su calvario. Su cuñado guardia civil le acompañó a la comisaría porque querían preguntarle algunas cosas. “No te preocupes, están con papeleo y sus trámites, pero no pasa nada”, le comentó. La segunda vez que le avisaron para que acudiese a la comisaría, a finales de mes, ya no salió de allí. El juez había recibido un informe forense de Sevilla que revelaba que la muerte era violenta, alevosa y por sofocación.
La autopsia hecha en Jaén situó la muerte 36 horas antes de ser encontrado el cuerpo. Y se daban dos versiones: una enclavaba el fallecimiento entre las 7.10 y las 15.10 del día 8; y, en otra, entre las 15.00 y las 18.00 horas. Jesús explicó que él se había marchado hacia las 20.00 horas del día 8, y los investigadores infirieron que estaba en casa cuando murió Antonia. "Ella estaba bien cuando me fui, comimos juntos y luego se echó en la cama y me despedí de ella al irme". Su abogado, Diego Ortega, contrató a expertos forenses en Málaga y Galicia que dictaminaron que la hora de la muerte pudo producirse hasta las 21.30; es decir, cuando Jesús ya se había ido.
El juez instructor decidió dejarle en libertad cuando meses después los forenses oficiales le presentaron un nuevo informe de ampliación de autopsia en el que, si bien mantenían la virulencia de la muerte, extendían la hora del óbito hasta las 21.00. Inicialmente rechazó los informes de los forenses privados al considerarlos "no objetivos", pero modificó su postura al ver que los oficiales modificaban y ampliaban la data de la muerte.
Raim Memet llevaba en prisión 20 días a pesar de que probó que estaba en Rumania cuando se produjo un robo. A este rumano, con 25 años entonces, se le acusaba de robo con violencia. Una mujer a la que habían tirado al suelo y golpeado para quitarle un teléfono móvil durante la noche del 23 de noviembre, en el portal de su casa del centro de Madrid, le había reconocido en los álbumes fotográficos de la policía como su agresor.
Pero Memet no estaba en España ese día. Estaba viajando de Rumania a España, como acreditan un billete de autobús aportado por una compañía de transporte y las imágenes de seguridad de la estación de Méndez Álvaro, que recogen en imágenes su llegada a Madrid junto a su mujer un día después de la noche en la que se cometió el delito.
La víctima del violento robo, de 22 años, había descrito a su agresor como “un varón de 30 años aproximadamente, de tez morena, posiblemente de nacionalidad rumana, calvo y que vestía completamente de negro”, según consta en el primer atestado policial. Cuando fue a poner la denuncia, señaló sin embargo que no era calvo sino “de pelo muy corto y negro, ojos oscuros y piel oscura, entre 1,55 y 1,60”.
Dos días después del robo le mostraron en comisaría una composición con nueve fotografías entre la que estaba Memet. El rumano, sin antecedentes penales, constaba en los álbumes de la policía por tres detenciones previas que por el momento no han acabado en condena. La mujer le reconoció “sin ningún género de dudas ni error posible”.
El 9 de diciembre fue detenido. Al día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dictó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza basada en el reconocimiento de la víctima. El abogado de oficio de Memet, Xabier Etxebarria, aportó la lista de pasajeros del autobús procedente de Rumania que llegó a Madrid el día 24 a las 12.30, de la empresa Saiz Tours, donde constaban como viajeros Memet, su mujer y un amigo suyo, con sus asientos respectivos. El auto de prisión del juzgado hizo caso omiso del listado; ni menciona su existencia.
El caso de Romano van der Dussen
El caso de Romano van der Dussen
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| Romano van der Dussen |
El holandés Romano van der Dussen fue condenado por estos delitos por la Audiencia Provincial de Málaga. Las huellas que se hallaron no eran suyas y tampoco el ADN obtenido coincidía con el suyo, pero dos de las víctimas y una testigo le reconocieron. Poco después de la sentencia, Mark Dixie fue detenido en Reino Unido por el crimen de Sally Bowman y su ADN se incorporó a los ficheros de material genético. Cuando la policía española cruzó los datos, se encontró con una sorpresa: los restos orgánicos hallados en una de las agresiones sexuales de Fuengirola coincidían con el perfil de Mark Dixie. Los agentes informaron de inmediato al juzgado que se había encargado del caso y pidieron información adicional. A pesar de ello, la justicia había tardado siete años en reaccionar. Van der Dussen seguía en la cárcel.
El holandés ha cifrado todo ello en algo más de seis millones de euros. Es la cantidad que reclama al Estado por haberle encarcelado por una violación que no cometió y por los daños psicológicos y físicos que aún le acompañan, ocho meses después de su liberación. Entró en la cárcel en 2003 y salió en febrero de 2016, a punto de cumplir 43 años, después de que el Tribunal Supremo revisara su condena. Posteriormente, pidió al Ministerio de Justicia español que le indemnice por las secuelas, por los sueldos que podría haber ganado en un hipotético empleo y por daños morales.
En el artículo de EL PAÍS "Seis millones por romperme la vida", publicado poco después de su puesta en libertad, se decía que la vida en libertad no le estaba resultando fácil. "Aparentemente, no va mal: tiene una novia, ha trabajado tres meses en un hotel de Palma de Mallorca como recepcionista, alquilado un piso, escrito un libro con el novelista holandés Edwin Winkels, que se publicará a finales de este mes… Pero las secuelas de la cárcel se notan en todo. Cuando habla, se atropella. Se le nota siempre muy nervioso. Necesita antidepresivos, sufre de crisis de pánico, agorafobia, ansiedad, obsesiones compulsivas…
Decidió quedarse a vivir en Palma, la ciudad en la que fue liberado, por amor. En la cárcel se enamoró de una voluntaria con la que ahora mantiene una relación estable. Es su ancla a la vida normal, su único soporte. Es ella quien le empuja a trabajar, a buscar unas rutinas que le permitan llevar una vida tranquila. Lo logró durante los meses que estuvo empleado en el hotel, pero perdió el trabajo precisamente por parecer demasiado ansioso y nervioso ante los clientes."
“Quizá no estaba preparado aún para trabajar”, reconoce. “Pero yo me sentí bien. Me sentía bien cuando me duchaba y me afeitaba por las mañanas. Cuando cogía el autobús bien vestido junto a un montón de gente que también iba a trabajar. Cuando podía hablar con los clientes alemanes, holandeses e ingleses en idiomas que domino. Me sentía de nuevo dentro de la sociedad, y eso era muy bonito después de haber pasado 12 años y medio en la cárcel. Pero es cierto que si de repente llegaban 20 personas a la vez a la recepción y algo fallaba o no me salía bien, me ponía muy nervioso. Han sido muchos años fuera del mundo”.
En otra de sus entrevistas, afirmó "Llevo 11 años en la cárcel por delitos que no cometí. He pasado un infierno indescriptible, los peores 4.000 días de mi vida. Durante este tiempo he visto personas apuñaladas, otras que se han suicidado, violaciones por una deuda impagada... Todo esto me ha provocado daños irreparables. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico. Tomo psicofármacos para tratar el estrés postraumático y tengo múltiples trastornos psicológicos. He perdido hasta mi propia dignidad como persona ¿Cómo voy a creer en la justicia?".
"Nunca entendí cómo me sentenciaron habiendo ADN que me exculpaba. Tampoco fue normal el reconocimiento en rueda, en el que, sin cumplir lo que exige la ley, me metieron a mí, con mi aspecto de extranjero, junto a españoles morenos que no se me parecían en nada. Además, yo presenté tres testigos que podían acreditar dónde estaba esa noche, pero nadie les llamó a declarar: ni la policía, ni la fiscalía, ¡ni siquiera mi abogado! Y, finalmente, cuando la policía recuperó el bolso y la cartera de dos de las víctimas, que se había llevado el atacante, no tomaron las huellas dactilares de esos objetos. Son cosas que nunca podré entender. Supongo que es tranquilizador tener un culpable, aunque no sea el verdadero."
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Errores judiciales en Estados Unidos sobre condenas a muerte y largas penas
Debra Milke, who spent 22 years on Arizona death row, has murder case tossed
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